La Comisión Internacional de Derechos Humanos califica los actos de violencia contra mujeres, incluyendo a las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, como manifestaciones estructurales e históricas del sexismo, prejuicios contra orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, y la desigualdad entre los hombres y las mujeres prevalentes en nuestras sociedades (CIDH, 2015). Estos actos de violencia se caracterizan por ser ciclos continuos de violencia y discriminación que se multiplican por la impunidad y la falta de acceso a la justicia.
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Las mujeres lesbianas corren especial riesgo de violencia como resultado de la misoginia y la inequidad de género en la sociedad (ONU, 2015). Aunque se trata solo de la punta del iceberg, como muestra de ello se registraron 55 actos, entre letales y no letales, de violencia contra mujeres lesbianas o percibidas como lesbianas entre enero 2013 y marzo 2014 en 25 Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos (CIDH, 2014).
Un ejemplo de estos actos son las mal llamadas “violaciones sexuales correctivas”, prácticas donde se viola a mujeres lesbianas con el objetivo de sancionarlas y castigarlas por su orientación sexual. La gran mayoría de estos casos no están documentados debido a la falta de denuncias. Para llenar el vacío por la falta de estadísticas, en el 2015 se publicaron testimonios de Perú en el libro Hey, soy gay donde se relatan casos como el de una Arequipeña violada por su tío “para hacerla mujer” (BBC, 2015).
En Ecuador se tienen los casos de los centros de rehabilitación clandestinos que buscan “curar” la homosexualidad a través de agresiones físicas, torturas con electrochoques, violaciones sexuales correctivas también llamadas terapias sexuales, privación de alimentos o consumo de alimentos descompuestos, entre otros (El Universo, 2013).
La CIDH también visibiliza el problema de la violencia contra mujeres trans como el resultado de diversos factores con efectos multiplicadores, como la exclusión, discriminación y violencia dentro de la familia, las escuelas y la sociedad en general, la falta de reconocimiento de su identidad de género, la participación en ocupaciones que las ponen en mayor riesgo de violencia, y la alta criminalización.
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Esta violencia generalizada, los prejuicios y la discriminación por la sociedad en general y dentro de la familia, son obstáculos para que las mujeres tengan acceso a la educación, los servicios de salud, vivienda y al mercado laboral formal. Como es el caso de aproximadamente el 90% de mujeres trans en América, las cuales ejercen el trabajo sexual como medio de supervivencia (REDLACTRANS, 2014).
Otra manifestación es la violencia médica, como en los casos de personas intersex. Es importante señalar que la CIDH no tiene datos específicos pues estos actos de violencia son principalmente intervenciones médicas que buscan “normalizar” los genitales y/o cuerpos de las personas intersex, de acuerdo a protocolos médicos aprobados por el Estado. La mayoría de estas intervenciones se realizan sin el consentimiento de la persona intersex, sus padres o madres; además, los sentimientos de vergüenza y temor a la discriminación por parte de la sociedad suman a la invisibilidad de esta forma de violencia (CIDH, 2014).
Se enfatiza que el número de casos registrados es bajo y una de las razones por la que se dificulta la denuncia y visibilización de este tipo de casos es la cercanía que las víctimas tienen con sus agresor*s, que muchas veces son parte de sus familias o entornos conocidos donde se utiliza la heterosexualidad obligatoria como mecanismo de control. Otra razón es el temor a represalias al identificarse como LGTBIQ o porque no confían en la policía y/o el sistema judicial, especialmente al conocerse casos de abusos policiales como actos de tortura, tratos inhumanos y degradantes, y ataques verbales y físicos.
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La violencia se reproduce en los servicios e instituciones del aparato de justicia del Estado, primero por la falta de una adecuada protección legal, ya que no existen agravantes por discriminación basada en la orientación sexual e identidad de género en los crímenes de odio. Asimismo, es necesario dar a todas las personas el derecho de reconocimiento de su identidad de género en documentos oficiales. En segundo lugar, para evitar la revictimización se debe capacitar a l*s funcionari*s públic*s para responder y atender de forma correcta a las víctimas, para que mujeres lesbianas, bisexuales y trans ya no sufran de tratos discriminatorios, cuestionamientos reiterados y abusivos sobre su vida sexual por trabajador*s públic*s como oficiales de medicina forense, policías, jueces y juezas, entre otr*s.
Internacionalmente se han definido cinco pasos clave para poner fin a la discriminación y violencia contra la comunidad mundial LGTBIQ, que sólo podrán ser cumplidos a través de una alianza global: despenalización, despatologización, reconocimiento de la identidad de género, inclusión cultural y empatización (ONU, 2016).
Fuentes:
BBC, 2016: Perú “violaciones correctivas, el terrible método para curar” a las lesbianas
CNN, 2017: La compleja realidad de ser gay en América Latina
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2014: Una Mirada a la Violencia Contra Personas LGBTI
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015: Formas y Contextos de la Violencia contra las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex
El Universo, 2013: En Ecuador hay unos 80 centros clandestinos que ofrecen rehabilitación de adicciones
Organización de las Naciones Unidas, 2016: Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género
Organización de las Naciones Unidas, 2016: El nuevo experto de la ONU sobre LGBT insta a asociarse globalmente para poner fin a la violencia y la discriminación
Red Lactrans, 2014: Informe sobre el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales de la población trans en Latinoamérica y El Caribe